Un nuevo comentario sobre el tema me da ocasión de profundizar más. El comentario -que como casi siempre traigo a primera página para evitarles bucear en las entradas anteriores- dice así:
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Jose ha dejado un nuevo comentario en su entrada "SOBRE LA RELACION QUE UN COMENTARISTA NO VE":
Hola,
Gracias, pues no creía que mi escueto comentario mereciera toda una entrada de su blog.
Lo que Ud. dice es alarmante, ya que sostiene que lo que pretende el Gobierno es permitir la eutanasia involuntaria. Pero vayamos por partes.
1) Ud. se pregunta si el suicidio es un delito. Como jurista que soy puedo contestarle que no lo es.
2) Si es delito el homicidio voluntario, que el Código Penal llama 'cooperación al suicidio que llega hasta la ejecución'. La eutanasia voluntaria sería un subtipo de esta cooperación: aquella en la que el que pide morir padece un dolor permanente e insoportable o algo parecido.
3) La eutanasia involuntaria está castigada simple y llanamente en el CP como homicidio común o como asesinato. No importa que el asesino tuviera intenciones pidadosas.
Mi comentario a su anterior entrada respondía a que yo imaginaba que lo que pretendía el Gobierno era legalizar la eutanasia volunatria, en el sentido de mi párrafo 2. Es decir, no castigar al médico que ayuda a morir a un paciente que se lo ha pedido, incluso hasta el punto de ejecutar él la muerte, si tal paciente padece dolores permanenetes e insoportables.
Pero Ud. dice que pretende adémás legalizar la eutanasia involuntaria, o sea, el homicidio o asesinato por motivos 'piadosos'.
Creo que la eutanasia voluntaria es moralmente correcta, pero que la involuntaria no lo es. No sé si es prudente legalizar la primera, pero sé que es de justicia prohibir la segunda.
Así que me opongo a la legalización que pretende el Gobierno, si es como Ud. dice (y así veo la relación con el caso del periodista); y quedo reflexivo si es la que yo pensaba, y sigo sin ver la relación con dicho caso.
Infinitas gracias por prestar atención a mi comentario.
Un saludo.
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Espero, amigo José, que no le moleste que traiga aquí su comentario, y que lo aproveche para tratar de profundizar más en el asunto. Pienso que razonar nunca está de más, y siempre resulta enriquecedor.
La referencia a la consideración como delito del suicidio la hice porque creo recordar -aunque puedo equivocarme- que así era hace tiempo, lo cual me parecía absurdo. Sí es delito, al menos de momento, pegarle dos tiros a alguien -quien dice dos tiros, dice un chute de cianuro-, por mucho que ese alguien lo pida. También creo que es delito la asistencia al suicidio, la incitación al suicidio, o la simple inacción -omisión del deber de socorro- ante un intento de suicidio.
El Gobierno dice que pretende legalizar la eutanasia voluntaria -aunque no lo llama así-, pero sus argumentos son falsos, por varias razones.
En primer lugar, el derecho a morir dignamente, que en las declaraciones de Rubalcaba asimila a morir sin dolor, no es necesario legislarlo de nuevo, porque ya existe. Hay unidades de cuidados paliativos, que evitan el dolor al enfermo. Existe el inconveniente de que esos cuidados paliativos suelen acelerar la muerte; pero hay una considerable distancia entre evitar el dolor a costa del efecto secundario de acortar la vida, y producir directamente el fallecimiento.
La Ley que anuncia el Gobierno pretende que los médicos y los familiares tengan el derecho, no ya de evitar sufrimiento, sino de producir voluntariamente la muerte de una persona. Es decir, con lo que se dice que será esa nueva Ley, el caso del famoso doctor Montes -condenado por sedaciones irregulares a pacientes que no lo necesitaban, y a los que aceleró la muerte sin motivo- sería la norma. Las declaraciones de Rubalcaba lo dejan claro: se quiere garantizar los derechos de los pacientes, sus familiares y médicos.
Porque, como ya dije, actualmente -y desde hace muchos años- cualquier persona puede renunciar a tratamientos que no quiera recibir, puede renunciar al llamado ensañamiento terapéutico, y puede dejar dispuesto que no quiere ser mantenido vivo de manera artificial.
Por otra parte, el Ministro Rubalcaba declaró que la nueva medida se aplicaría sólo en situaciones en las que el enfermo va a morir irremediablemente y va a sufrir.
Bien; así puestos, resulta de aplicación para todos nosotros, uno por uno, porque todos vamos a morir irremediablemente, y muy posiblemente vayamos a sufrir durante nuestra vida. Pero yendo a lo concreto, hay que preguntarse quien decide cuándo alguien va a morir irremediablemente, y hasta qué punto ese diagnóstico puede entenderse definitivo.
Como decía, con varias opiniones médicas que daban el caso por imposible, la hija de mi camarada Alberto Pascual habría sido eliminada para que no sufriese. En caso de que los padres de la niña se hubieran negado, ¿qué opinión prevalecería, la de la familia o la de los médicos? Ese es sólo un ejemplo. Con frecuencia se despiertan personas -véase aquí y aquí las noticias- que llevan años en coma y están desahuciados clínicamente.
Se puede decir que los médicos son enemigos de la muerte, y esto es cierto evidentemente. Pero también hay médicos que ponen sus estudios al servicio de los negocios de la muerte, y no resultaría difícil encontrar a los suficientes para formar en cada hospital una unidad, o un Consejo, o lo que fuese, encargado de dictaminar sobre quien vive y quien muere. Ya se les dotaría de poder de decisión a los afines a la ideología de la norma legal, para desplazar a los que mantuvieran su juramento hipocrático.
Aún en el caso de que la decisión última correspondiera al paciente -si está en condiciones de prestar su consentimiento- o a la familia, ¿qué van a hacer si un médico les dice que está en las últimas, que no tiene remedio y que si no se le ayuda a morir va a sufrir horriblemente? Sobre todo, si no se le da la elección de los cuidados paliativos, que evitan el sufrimiento, pero que no tienen como objeto la muerte rápida del enfermo.
Hay también casos de personas que, enfermas pero manteniendo una razonable calidad de vida, han sido convencidas por asociaciones pro-eutanasia para suicidarse, facilitándole los medios, en previsión de que más adelante seguramente iban a sufrir. Si se legisla que un médico pueda proponer la eutanasia a los pacientes, ¿qué impide que estas asociaciones vayan buscando enfermos a los que convencer de que más les vale morirse?
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Jose ha dejado un nuevo comentario en su entrada "SOBRE LA RELACION QUE UN COMENTARISTA NO VE":
Hola,
Gracias, pues no creía que mi escueto comentario mereciera toda una entrada de su blog.
Lo que Ud. dice es alarmante, ya que sostiene que lo que pretende el Gobierno es permitir la eutanasia involuntaria. Pero vayamos por partes.
1) Ud. se pregunta si el suicidio es un delito. Como jurista que soy puedo contestarle que no lo es.
2) Si es delito el homicidio voluntario, que el Código Penal llama 'cooperación al suicidio que llega hasta la ejecución'. La eutanasia voluntaria sería un subtipo de esta cooperación: aquella en la que el que pide morir padece un dolor permanente e insoportable o algo parecido.
3) La eutanasia involuntaria está castigada simple y llanamente en el CP como homicidio común o como asesinato. No importa que el asesino tuviera intenciones pidadosas.
Mi comentario a su anterior entrada respondía a que yo imaginaba que lo que pretendía el Gobierno era legalizar la eutanasia volunatria, en el sentido de mi párrafo 2. Es decir, no castigar al médico que ayuda a morir a un paciente que se lo ha pedido, incluso hasta el punto de ejecutar él la muerte, si tal paciente padece dolores permanenetes e insoportables.
Pero Ud. dice que pretende adémás legalizar la eutanasia involuntaria, o sea, el homicidio o asesinato por motivos 'piadosos'.
Creo que la eutanasia voluntaria es moralmente correcta, pero que la involuntaria no lo es. No sé si es prudente legalizar la primera, pero sé que es de justicia prohibir la segunda.
Así que me opongo a la legalización que pretende el Gobierno, si es como Ud. dice (y así veo la relación con el caso del periodista); y quedo reflexivo si es la que yo pensaba, y sigo sin ver la relación con dicho caso.
Infinitas gracias por prestar atención a mi comentario.
Un saludo.
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Espero, amigo José, que no le moleste que traiga aquí su comentario, y que lo aproveche para tratar de profundizar más en el asunto. Pienso que razonar nunca está de más, y siempre resulta enriquecedor.
La referencia a la consideración como delito del suicidio la hice porque creo recordar -aunque puedo equivocarme- que así era hace tiempo, lo cual me parecía absurdo. Sí es delito, al menos de momento, pegarle dos tiros a alguien -quien dice dos tiros, dice un chute de cianuro-, por mucho que ese alguien lo pida. También creo que es delito la asistencia al suicidio, la incitación al suicidio, o la simple inacción -omisión del deber de socorro- ante un intento de suicidio.
El Gobierno dice que pretende legalizar la eutanasia voluntaria -aunque no lo llama así-, pero sus argumentos son falsos, por varias razones.
En primer lugar, el derecho a morir dignamente, que en las declaraciones de Rubalcaba asimila a morir sin dolor, no es necesario legislarlo de nuevo, porque ya existe. Hay unidades de cuidados paliativos, que evitan el dolor al enfermo. Existe el inconveniente de que esos cuidados paliativos suelen acelerar la muerte; pero hay una considerable distancia entre evitar el dolor a costa del efecto secundario de acortar la vida, y producir directamente el fallecimiento.
La Ley que anuncia el Gobierno pretende que los médicos y los familiares tengan el derecho, no ya de evitar sufrimiento, sino de producir voluntariamente la muerte de una persona. Es decir, con lo que se dice que será esa nueva Ley, el caso del famoso doctor Montes -condenado por sedaciones irregulares a pacientes que no lo necesitaban, y a los que aceleró la muerte sin motivo- sería la norma. Las declaraciones de Rubalcaba lo dejan claro: se quiere garantizar los derechos de los pacientes, sus familiares y médicos.
Porque, como ya dije, actualmente -y desde hace muchos años- cualquier persona puede renunciar a tratamientos que no quiera recibir, puede renunciar al llamado ensañamiento terapéutico, y puede dejar dispuesto que no quiere ser mantenido vivo de manera artificial.
Por otra parte, el Ministro Rubalcaba declaró que la nueva medida se aplicaría sólo en situaciones en las que el enfermo va a morir irremediablemente y va a sufrir.
Bien; así puestos, resulta de aplicación para todos nosotros, uno por uno, porque todos vamos a morir irremediablemente, y muy posiblemente vayamos a sufrir durante nuestra vida. Pero yendo a lo concreto, hay que preguntarse quien decide cuándo alguien va a morir irremediablemente, y hasta qué punto ese diagnóstico puede entenderse definitivo.
Como decía, con varias opiniones médicas que daban el caso por imposible, la hija de mi camarada Alberto Pascual habría sido eliminada para que no sufriese. En caso de que los padres de la niña se hubieran negado, ¿qué opinión prevalecería, la de la familia o la de los médicos? Ese es sólo un ejemplo. Con frecuencia se despiertan personas -véase aquí y aquí las noticias- que llevan años en coma y están desahuciados clínicamente.
Se puede decir que los médicos son enemigos de la muerte, y esto es cierto evidentemente. Pero también hay médicos que ponen sus estudios al servicio de los negocios de la muerte, y no resultaría difícil encontrar a los suficientes para formar en cada hospital una unidad, o un Consejo, o lo que fuese, encargado de dictaminar sobre quien vive y quien muere. Ya se les dotaría de poder de decisión a los afines a la ideología de la norma legal, para desplazar a los que mantuvieran su juramento hipocrático.
Aún en el caso de que la decisión última correspondiera al paciente -si está en condiciones de prestar su consentimiento- o a la familia, ¿qué van a hacer si un médico les dice que está en las últimas, que no tiene remedio y que si no se le ayuda a morir va a sufrir horriblemente? Sobre todo, si no se le da la elección de los cuidados paliativos, que evitan el sufrimiento, pero que no tienen como objeto la muerte rápida del enfermo.
Hay también casos de personas que, enfermas pero manteniendo una razonable calidad de vida, han sido convencidas por asociaciones pro-eutanasia para suicidarse, facilitándole los medios, en previsión de que más adelante seguramente iban a sufrir. Si se legisla que un médico pueda proponer la eutanasia a los pacientes, ¿qué impide que estas asociaciones vayan buscando enfermos a los que convencer de que más les vale morirse?
Ya hace un cuarto de siglo, en Holanda se empezó como ahora se pretende en España. El resultado -véase La Razón- es que ahora se debate si extender la ayuda al suicidio a los mayores de 70 años, aunque gocen de envidiable salud.
Todo esto -debo aclararlo nuevamente- son especulaciones basadas en las declaraciones del Ministro Rubalcaba. La Ley no ha sido enviada al Congreso, así es que no se puede saber cual es su contenido exacto ni sus posibles interpretaciones. Pero si de lo que se trata es nada mas que de morir sin dolor, y eso ya está regulado y establecido, ¿a qué viene legislarlo de nuevo?
Todo esto -debo aclararlo nuevamente- son especulaciones basadas en las declaraciones del Ministro Rubalcaba. La Ley no ha sido enviada al Congreso, así es que no se puede saber cual es su contenido exacto ni sus posibles interpretaciones. Pero si de lo que se trata es nada mas que de morir sin dolor, y eso ya está regulado y establecido, ¿a qué viene legislarlo de nuevo?
